Agencia de Prensa El Oro(APO) es una publicación independiente que se origina en la provincia de El Oro, República del Ecuador. Enfoca temas de comunicación, derecho, medioambiente, literatura y otros, respetando religión, política e ideología. Difundimos contenidos de interés para los orenses, ecuatorianos y personas que nos leen en cualquier parte del mundo. Aldo Valarezo Sánchez, periodista y abogado, es el Director de esta publicaciòn digital.
Antigua casa donde funcionaba la oficia del Estanco.
Zaruma, a inicios del siglo XX. (Foto bajada de internet)
Zaruma.- La obra historiográfica “Estanco del Aguardiente en El Oro: represión e insurgencia” del Abog. Aldo Valarezo Sánchez, miembro de la Asociación de Autores Patrimoniales Orenses, puso en valor -en su reconocida investigación pionera en la Provincia -que intereses feudales lojanos remataban el Estanco del aguardiente documentadamente a mediados de los 1700.
Los “Documentos de Zaruma”, bibliografía enriquecida a partir de 1990 cuando llegan los documentos del Archivo de Indias traídas por el Dr. Enrique Aguilar Zambrano demuestran que el oro de Zaruma desde la Colonia temprana es el combustible de la economía del Norte del Perú y de Quito, cuya jurisdicción llegaba hasta Popayán (“Zaruma, el oro de la Conquista española”, VPM,2007).
El autor del libro señala que Don Pedro González de Mendoza describía que la Zaruma Colonial (siglo XII y XVIII) es una tierra muy fértil, con todo lo que se quiera cultivar, con ríos de aguas muy sanas, destacando que había en Zaruma no menos de treinta ingenios que molían los metales que se movían con una corriente de agua, donde se molía el oro, y que luego se lo fundía y se lo llevaba en polvo a Loja y Cuenca.
Entonces es de suponer que el apogeo del oro fue aprovechado por las autoridades españolas para traer las reducciones masivas de mestizos y aborígenes del entorno lojano y azuayo de la zona, lo cual dio como resultado el apogeo de otras autoridades, en este caso la producción de aguardiente que debió ser masiva para la demanda de esa población, incluyendo Loja, producto que se lo trasladaba por los caminos de esa época.
Zaruma en la Conquista y Colonia, geoespacialmente nucleó a toda la parte Alta de El Oro, incluyendo el puerto de Jambelí, actual Santa Rosa. Desde esa cosmovisión hay que ver a Zaruma no solamente como centro minero sino como un centro de comercialización de aguardiente que iba a Loja y Cuenca a través de caminos inhóspitos no solo con permiso del Estado sino también como contrabando.
Esta es una quebrada ubicada en el cantón Zaruma. Hace pocos años fluía agua cristalina; ahora es un cauce seco.
En la parte Alta de El Oro.
Para detener efectos de minería sin parámetros técnicos
Machala.- La demanda por delito contra el medio ambiente presentada el año pasado ante el Fiscal de Delitos Ambientales de El Oro por el agricultor zarumeño Aldo Romero Carreño, en contra de varios mineros, donde denunciaba el secamiento de vertientes donde antes fluía agua cristalina en el sitio San Antonio de Zaruma, ha sido un llamado a la reflexión a la comunidad de los cantones del Altiplano orense y de la provincia en general.
Si bien se conoce que a pesar de las pruebas aportadas, fundamentado en informes de técnicos de la ex Dirección de Minería de El Oro y de los peritos de la misma Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía de El Oro, el Fiscal se habría abstenido de acusar a varios mineros por delito ambiental. Sin embargo, la acción propuesta por Romero Carreño ha servido de antecedente para que la ciudadanía reaccione sobre la afectación que está recibiendo la naturaleza que ahora tiene derechos en la Constitución del Ecuador, entre ellos a un ambiente sano que garantice el buen vivir, donde se incluye obviamente la salud de la población.
El Foro Nacional de los Recursos Hídricos durante varios años viene insistiendo que una visión y modelo extractivista de los recursos naturales acarrea consecuencias ambientales y sociales irreparables y con impactos negativos para poblaciones de escasos recursos económicos y afectación a las fuentes, afluentes y nacimientos de agua.
El pasado 2 de septiembre del presente año, representantes de las 19 comunidades del Cantón las Naves y de la Provincia de Bolívar, reunidas en Asamblea Pública y luego de debatir, compartir información sobre las concesiones mineras en el país y en la Provincia de Bolívar y discutir sobre los impactos sociales, ambientales, económicos de éstas para las comunidades, resolvieron, entre otras, declarar a los cantones de Las Naves, Echandía y parte de Guaranda libre de minería a gran escala y a cielo abierto; rechazar rotundamente la presencia de la compañía Salazar Resources conocida como Curimining S.A y demandar su inmediata salida para que vuelva la tranquilidad y la paz a sus comunidades; demandar a los municipios de las Naves, Echeandía, Guaranda, y a la Prefectura de Bolívar que declaren a las zonas noroccidentales del subtrópico bolivarense como zonas de alta producción agrícola y ganadera, eco turística y ecología libres de minería, etc.
Si bien las actividades de la pequeña minería y minería artesanal en la parte Alta de El Oro aportan dinamia comercial a la zona y ocupa mano de obra, inclusive mano de obra barata que viene desde Perú, sin embargo nadie duda de los graves impactos ambientales a los recursos naturales, cuya restauración tomaría decenas de años; de igual manera el grave impacto contra la salud de la población. Los principales recursos afectados de esta actividad antitécnica ha provocado el deterioro de los recursos hídricos, advirtiéndose secamiento de vertientes, incluso de fuentes de agua para consumo humano, por ello se hace imprescindible que los ciudadanos de los cantones de Zaruma y Portovelo apunten hacia la conformación de un “Comité de Protección de los Recursos Hídricos”, para proteger ríos, quebradas y vertientes; y además para exigir a las autoridades de minería y Medio Ambiente para que hagan cumplir los parámetros técnicos para la explotación minera a todo nivel, y de esta manera frenar la probable demanda internacional que está preparando las autoridades de Tumbes, Perú, por envenenamiento de las aguas del río Puyango-Tumbes.
Rìo Las Caleras, a la altura del complejo minero El Pache, en el cantòn Portovelo, a 100 kilòmetros de Machala, capital de la Provincia de El Oro.
Poza de desechos de minerìa que son arrojados al rìo Caleras, en el cantòn Portovelo, El Oro, Ecuador
Portovelo.- El reciente fallecimiento del Sr. Elio Romero Valarezo, minero y voluntario del Cuerpo de Bomberos de Portovelo, quien fue aquejado de una leucemia fulminante que fue tratada en Cuenca y Quito, ha reavivado la preocupación y el debate por la presencia recurrente de este tipo de enfermedades asociadas a las actividades mineras.
Las últimas informaciones del Viceministro de Minas del Ecuador, dando a conocer sobre el censo minero que se cumplió en meses anteriores, determinó la presencia de 1.349 minas en el país, de las cuales 541 (41%) están en la provincia de El Oro, lo que se podría decir que es alentador, pero por otro lado también es preocupante porque a mayor número de minas es mayor la contaminación ambiental, especialmente en la cuenca del río Puyango-Tumbes, donde se asientan los cantones mineros de Portovelo y Zaruma.
Hay que recalcar que los mineros artesanales de los mencionados cantones orenses, y de otros distritos mineros no utilizan tecnología adecuada lo que deviene en un mayor destrozo de los recursos naturales (aire, suelos, agua), especialmente los hídricos con evidentes pérdida de vertientes de agua como por ejemplo ya ocurre en el sitio San Antonio de Zaruma.
El sector del complejo minero El Pache es una verdadera cámara de gases, desde Buza, siguiendo el río Las Caleras y Amarillo hasta la zona urbana de Portovelo. Las personas que viven o traban ahí respiran a cada instante aire con gases de metales pesados (cianuro, mercurio, zinc, etc.), aire que va a los pulmones y contamina la sangre, empezando por un proceso de destrucción de los glóbulos rojos que deviene en anemias y leucemia.
Los resultados de un monitoreo de la zona de Portovelo-Zaruma, realizado entre el 1996 y 1998 por PRODEMINCA ya se advirtió de los impactos ambientales de la minería, afectando directamente a la población del entorno. Se mostró que la minería ha causado considerables impactos ambientales, de los cuales los más severos son los de las áreas Portovelo-Zaruma y Ponce Enríquez. Los principales contaminantes son cianuro, mercurio y otros metales pesados. Las fuentes más importantes de los contaminantes son las colas y los relaves descargados directa o indirectamente en los ríos, por los sistemas inadecuados de disposición. La descarga de los contaminantes ha causado la extinción de toda forma de vida acuática superior en ciertos tramos de ríos. Además, en varios lugares, la mala calidad del agua imposibilita su uso como agua potable para irrigación o para criaderos acuáticos. La situación ambiental de la cuenca probablemente está más deteriorada, por ello se alistan demandas internacionales por parte del Perú, especialmente de las autoridades de Tumbes, donde desemboca el río binacional.
El pasado 13 de abril del 2010, el Alcalde de Portovelo, Julio Romero Orellana, en una noticia divulgada por Diario Opinión de la ciudad de Machala denunció que en su cantón hay problemas graves de salud, con un creciente número de discapacitados, apareciendo también enfermedades raras, añadió que trayendo arsénico de otros cantones mineros, y este es veneno, culpando incluso a las grandes compañías, sin considerar que la pequeña minería y minería artesanal también provocan similares impactos ambientales al ecosistema.
La familia de Máximo Rivera, en Portovelo, es otra de las familias afectadas. Años atrás la leucemia, ya cobró la vida de dos de sus hijos, y una tercera hija también, posiblemente, adolezca la misma enfermedad, por lo cual la solidaridad de la gente de Portovelo debe hacerse presente en este momento que atraviesa el Sr. Rivera. Será necesario que el propio Gobierno, a través del Ministerio de Salud, apoye a esta familia que atraviesa esta desgracia, esto en base a lo dispone el Art. 50 de la Constitución en que el Estado que garantiza a toda persona que sufra enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a una atención especializada.
La actual Constitución de Montecristi ha otorgado derechos a la naturaleza, entre ellos el derecho a la población a vivir en un ambiente sano que garantice el buen vivir, en la que está incluida la salud de la población. Demandas de delitos contra la naturaleza que ya se han cursado en El Oro, pero han quedado en letra muerta, a pesar de pruebas contundentes. Lamentablemente, los fiscales y jueces no saben mucho sobre contaminación ambiental o son influenciados por los poderes mineros, por lo que es necesario que funcionen veedurías paralelas con el ánimo de observar el desarrollo de estos procesos, mejorar la capacidad de fiscalías y juzgados; y al mismo tiempo también se requieren más abogados especializados en cuestiones ambientales.
